Desde hace años, una mujer trans que se hace llamar Paloma León (50) es apuntada por la explotación sexual en diferentes zonas rojas del Gran Mendoza. Con pasado carcelario por homicidio, ha recibido numerosas denuncias, pero siempre terminó zafando de una condena por esa actividad ilícita.

Pese a que en las calles la conocen como la Paloma, en su documento conserva el nombre con el que la registraron sus padres al nacer: Daniel Ariel Araya Segura. En los diferentes procedimientos policiales que ha enfrentado, sigue asegurando que hace trabajos rurales y cría animales en la finca de sus padres en Chapanay, San Martín.

Sin embargo, desde febrero del año pasado se encuentra tras las rejas después de ser sindicada nuevamente por una serie de delitos, por los que también cayeron miembros de su círculo íntimo.

Ver también: Absolvieron a travesti acusada de explotación

Este lunes, la presunta proxeneta se volvió a sentar en el banquillo de los acusados, pero en los Tribunales federales: enfrenta acusaciones por trata de personas y por un intento de asesinato.

La investigación se inició en diciembre de 2020, después de un llamado que se recepcionó en la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

De manera anónima, una persona denunció que Paloma León explotaba sexualmente a unas treinta víctimas entre las que había trans y menores de edad en una vivienda cerca de la Costanera, en Guaymallén.

La información agregaba que los servicios se ofrecían las 24 horas, que las víctimas eran vigiladas desde la terraza del domicilio, se las amenazaba y hasta les retenían el IFE u otros planes sociales.

Los pesquisas practicaron tareas de vigilancia en la casa de calle Gobernador Videla al 1700, donde supuestamente funcionaba el bulo, y constataron que había movimientos que coincidían con los dichos de la denunciante anónima.

Ante eso, se realizaron intervenciones telefónicas a los celulares de Paloma León y sus allegados, entre los que se encontraba su mano derecha, otra mujer trans identificada como Antonella Rubí Iparraguirre Briceño (31) y su pareja, Ricardo Néstor Cáceres Molina (37).

De esas escuchas surgió que León y sus sindicados cómplices manejaban entre siete y diez mujeres trans, ofreciendo sus servicios sexuales, indicaron fuentes de la instrucción.

En plena pesquisa, el 18 de febrero del año pasado, una nueva denuncia se registró en la línea 145. Otra vez, de manera anónima, una llamante reveló que Paloma León explotaba a chicas trans en el carril Rodríguez Peña, que no les pagaba por estar en la vía pública y que enviaba a sus colaboradores para golpearlas.

Al día siguiente, se detectaron conversaciones telefónicas en las que se hablaba de maniobras compatibles con el delito de trata de personas en una de las líneas que abonaba Paloma León.

Por esos días hubo un tercer llamado para aportar información sobras las supuestas actividades ilícitas: añadieron que Paloma León regenteaba a mujeres en la zona roja de la Cuarta Sección de Ciudad y que las obligaba a ejercer la prostitución en una suerte de hotel de su propiedad.

Para ese entonces, la prueba reunida era contundente y motivo, el 24 de ese mes, una serie de allanamientos contra la acusada, quien fue detenida junto a Rubí Iparraguirre y su pareja en el domicilio de calle Gobernador Videla.

Ver también: Juzgan a la travesti Paloma León por amedrentar a prostitutas

Durante la medida se hallaron cajas de preservativos, dinero en efectivo, medicamentos, cocaína y celulares. Además, había tres meretrices y dos clientes, sostiene la información judicial.  Mientras que en la finca de sus padres, en el Este provincial, se incautó una computadora, un celular y dos armas de fuego que estaban listas para el disparo.

Exactamente, un mes más tarde, sumo una nueva denuncia por una agresión armada. La víctima de ese hecho relató que le dieron un tiro en cuello y que horas antes había sido amenazada por Paloma León desde la cárcel.

“Tenés los días contados HDP, te voy a buscar hasta por debajo de las piedras”, le habría dicho la acusada en una llamada telefónica.

La denunciante explicó que estuvo presente en el allanamiento en el que fue detenida Paloma León, pero que en ese momento no habló por miedo a represalias.

Además, sindicó como autor del ataque que sufrió a Matías Andrés Carretero Suárez (41), pareja de Rubí Iparraguirre. El hombre quedó complicado por el video de una cámara de vigilancia que captó el violento hecho y porque vivía en una pensión ubicada a pocos metros de la escena, por lo que terminó detenido. 

De esa forma, Paloma León e Iparraguirre quedaron acusadas por los delitos trata de personas y por homicidio criminis causa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.

Mientras que Cáceres Molina sólo quedó imputado por trata de personas y Carretero Suárez por el intento de asesinato, en el juicio que tiene como representante del Ministerio Público a la fiscal María Gloria André.

En la primera jornada, se realizó la lectura del requerimiento a elevación a juicio y se espera que en los próximos días comiencen a desfilar los testigos frente a los jueces Héctor Cortés, Pablo Salinas, Roberto Naciff del Tribunal Oral Federal Nº 2.